En México, la mitad de las mujeres de 12 a 19 años que inician su vida sexual queda embarazada. Los datos son de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y revelan un problema estructural que esta semana ha vuelto a ser noticia. La titular de la cartera de Desarrollo Social, Rosario Robles, que gestiona un programa de apoyo económico a familias de bajos recursos, advirtió en un acto con mujeres indígenas que no por tener más hijos iban a recibir más ayudas. La beca actual es por descendiente hasta un máximo de tres y aumenta en el caso de que el niño estudie.
“Fueron unas declaraciones desafortunadas ¿Es correcto o no que un programa social limite el apoyo educativo a los primeros tres hijos? En mi opinión, no incentivar económicamente el hecho de que tengan hijos no va a resolver un problema tan profundo”, valora Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
La comunidad donde Robles protagonizó el escándalo –por el que luego pidió disculpas- se llama Los Encinos, en el Estado de Nayarit, situado al oeste del país. Tiene 350 habitantes y está dentro de La Cruzada Nacional Contra el Hambre, el programa estrella de la Administración de Peña Nieto para acabar con la desnutrición en las zonas más pobres de México.
El informe Maternidad en la niñez del Fondo de Población de Naciones Unidas, publicado a finales de 2013, señala que “en países en desarrollo los embarazos en adolescentes son más probables entre niñas de hogares con ingresos más bajos, con menor nivel educativo y que viven en zonas rurales”. En México el 53,9% de los niños son pobres, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Unicef del mes de abril.
“Los niveles de fecundidad están relacionados con los de escolaridad. Los Estados de la República más rezagados socialmente como Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Puebla presentan los niveles más altos”, explica Carlos Welti, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Aunque en los últimos años la fecundidad global en México ha caído y disminuye en casi todos los grupos de edad, el comportamiento en el rango de la adolescencia es contrario. “La maternidad a edad temprana no tiene sanción social”, explica Welti. “En realidad, le confiere a la mujer un estatus diferente del de aquella que no tiene hijos. Sigue siendo un objetivo y una opción de vida fundamental para muchas personas ante las escasas posibilidades de desarrollo individual”. El investigador expone que una de las características más importantes de la natalidad en México es que a diferencia de lo que sucede en Europa el porcentaje de mujeres que no desean tener hijos no ha variado en el tiempo, y se sitúa por debajo del 10%. “En países como Alemania supera el 20%”, asegura.
México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes en laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 64 por cada 1.000 nacimientos. En España nueve, casi siete veces menos. Según datos de la Secretaría de Salud en 2012, del total de partos en el país, el 17,6% corresponde a adolescentes de 10 a 19 años y en 10.000 casos la madre es una niña de entre 10 y 14 años. Asimismo, el embarazo a temprana edad conlleva riesgos para la salud y una de cada 10 muertes maternas en el país ocurre en mujeres de entre 10 y 18 años, según el Observatorio de Mortalidad Materna en México.
“Tenemos que garantizar el acceso a la educación de las adolescentes y ofrecerles opciones de vida distintas a la maternidad. En términos prácticos es necesario dar acceso real a la anticoncepción, lo que no sucede en México. Una cosa es que conozcan lo que es un preservativo y otra que lo usen”, señala Welti. Según la última encuesta de Salud, 34 de cada 100 mujeres no utilizan anticonceptivos en su primera relación sexual.
“¿Qué hace el Gobierno para que los adolescentes tengan información?”, reflexiona Regina Tamés. GIRE comenzó hace seis meses una campaña para prevenir el embarazo adolescente que hace hincapié en las responsabilidades que el Estado debe asumir: prevenir y atender la violencia sexual, impartir educación sexual, garantizar acceso a métodos anticonceptivos, brindar consejería en un ambiente cómodo y de confidencialidad, evitar la deserción escolar con esquemas flexibles que permita a las niñas embarazadas seguir estudiando, garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, proveer servicios de salud reproductiva especializados que reduzcan la mortalidad materna y eliminar el matrimonio infantil.
En este último punto senadoras del PRI, PAN y PRD presentaron una iniciativa para reformar la legislación civil federal estableciendo 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio. Aunque se apruebe –las fuentes consultadas indican que no hay oposición a ello- la gran mayoría de los casos se rige por las legislaciones locales, por lo que cada entidad deberá adaptar su normativa para que pueda aplicarse.
Actualmente, en el artículo 148 del Código Civil Federal para casarse el hombre necesita haber cumplido dieciséis años, mientras la mujer solo catorce. “El matrimonio de niñas y mujeres menores de 18 años de edad tiene sus raíces en la discriminación de género”, concluye la responsable de GIRE.// El País (COM)
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