La “piratería” habría costado al país más de 43 mil millones de
pesos en 2014, aproximadamente 34 por ciento del recorte presupuestal anunciado
por la Secretaría de Hacienda en 2015 y es un problema evidente en diferentes
regiones de México que pone en riesgo el desarrollo económico nacional,
estableció el Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Una investigación de la Dirección General de Análisis
Legislativo (DGAL), del organismo dependiente del Senado de la República,
advirtió también que probablemente ese “mercado sombra” estaría ligado a las
actividades que fortalecen al crimen organizado y cuya práctica ocasiona una
pérdida recaudatoria de poco más de seis mil millones de pesos por la evasión al
IVA.
Entre las soluciones propuestas por el estudio están elevar
sustancialmente los costos de adquirir “piratería” mediante el monitoreo de las
autoridades, una aplicación rigurosa de la ley y la mejora de las lagunas
regulatorias que permiten la fácil comercialización nacional y transfronteriza
de estos productos.
De acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo, el
costo por tales ilícitos representan 28 por ciento más que todo el presupuesto
de ese año para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y 34
veces más que los recursos destinados al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI).
Con
las pérdidas por el consumo de piratería de nuestro país en 2014, de más de 43
mil millones de pesos, también servirían para financiar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante todo un
año.
Los detalles precisos de tal actividad en territorio nacional
se advierte en el documento “Piratería en México y sus efectos en la sociedad”,
donde en resumen señala que es una práctica más visible en nuestro país que en
otras naciones; las diferentes copias apócrifas de múltiples productos pueden
ser adquiridas en la vía pública, fácilmente accesible a los consumidores.
Entre otros datos, el estudio menciona que la mitad de las
prendas de vestir que se consumen en el mercado, tienen su origen en el
contrabando y la piratería, con una pérdida estimada de nueve mil 451 millones
de dólares en el sector; y el delito ocasionó la desaparición de siete mil
puntos de venta de música original y el despido de 29 mil 500 trabajadores.
Pernicioso es porque ocho de cada 10 películas que se compran
en México son apócrifas, lo que inhibe la producción cinematográfica nacional y
genera pérdidas calculadas en 340 millones de dólares; y el valor de la
tecnología de la información ilegal en el sector manufacturero asciende a cinco
mil 700 millones de pesos.
Advierte que de los delitos relacionados con la propiedad
intelectual, la piratería también se trata de un crimen que puede estar ligado a
otras actividades ilícitas como el narcotráfico, cobro de piso, evasión fiscal,
lavado de dinero y robos.
Ante ese contexto, se plantea que si bien diferentes
instituciones de justicia han realizado acciones para inhibir este delito, los
retos a futuro están diversificados y se sugieren emplear recursos legales,
operativos, de comunicación y culturales para reducir sus efectos.
En el estudio se menciona que del primero de agosto de 2014 al
31 de agosto de 2015, la Procuraduría General de la República registró dos mil
845 averiguaciones previas iniciadas en el fuero federal por presumibles
ilícitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, de las cuales
556 eran previstos en el Código Penal Federal y dos mil 289 fueron sancionados
conforme a la Ley de la Propiedad Industrial.
Por otra parte, la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, dependiente de
la PGR, destacó la detención en flagrancia de 50 personas, así como el
aseguramiento de más de ocho millones 338 mil 666 objetos, el desmantelamiento
de una fábrica de artículos de perfumería, dos fábricas de ropa y 22
laboratorios clandestinos donde se reproducían videogramas y videojuegos, y 337
quemadores de discos.
Sin embargo, enfatiza la investigación del IBD, la cultura del
consumo de lo pirata en la sociedad es uno de los principales retos para el
Gobierno, cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil, por lo que el
desafío puede ser mayor que el simple hecho de perseguir directamente el
delito.
Una encuesta realizada por el IMPI reveló que 48 por ciento de
los encuestados respondió que en el último año adquirió algún producto apócrifo,
cinco por ciento adquirió al menos una vez medicamentos falsificados, nueve por
ciento bebidas adulteradas, 22 por ciento cigarrillos apócrifos.
Los artículos falsos más comprados por la población fueron
música, películas, videojuegos, programas de computación, accesorios de vestir,
series de televisión, perfumes, cosméticos, juguetes y pilas; gran parte se
distribuyen en la clandestinidad o en la vía pública, por lo que está
relacionada con el trabajo informal.
El estudio resalta que algunas voces consideran que debido a las ganancias de las grandes empresas y su poca flexibilidad para ofrecer costos accesibles a todos los bolsillos, la piratería es preferida como forma de protesta social.// El Sol de México
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