Es una noticia que le dio la vuelta al mundo: el gobierno de la
Ciudad de México impuso regulaciones y tarifas que aplicó a aplicaciones
tecnológicas para la prestación del servicio individual de transporte, como Uber
y Cabify, que generaron polémica por la competencia que le montaron a los taxis.
La decisión no estuvo exenta de discusiones y protestas promovidas por dicho
gremio, que todavía considera que los servicios que presta la plataforma son
ilegales.
En el caso del D. F. todos tuvieron que poner de su parte para
poder llegar a algunos consensos en las regulaciones. Por un lado, los
reguladores se ‘dieron la pela’ de expedir dos decretos, uno más impopular que
el otro. Primero expidieron un necesario decreto que planteó una serie de
modificaciones para mejorar la calidad del servicio de taxi.
Por otro lado, crearon una regulación para una categoría nueva:
“Servicios de transporte privado solicitados a través de plataformas
tecnológicas”. Las normas establecen que los operadores de las aplicaciones
deben aportar el 1,5 % de cada transporte a un fondo especial para la mejora del
servicio de taxis de la capital mexicana, según informó la Alcaldía en un
comunicado.
Ese
resultó ser el punto central del acuerdo. Que los operadores de la plataforma
tengan que pagar un porcentaje por cada viaje permite un equilibrio en el
mercado. Los fondos que se recauden serán reinvertidos en la malla vial de la
capital mexicana y en el mejoramiento del espacio público.
El reglamento dicta también condiciones para el tipo de autos
que pueden formar parte de la flota que usa estas aplicaciones: deben tener un
costo de al menos 200.000 pesos (12.650 dólares), cuatro puertas, aire
acondicionado, cinturones de seguridad y airbags. Los conductores tampoco podrán
aceptar pagos en efectivo. Los servicios de Uber son contratados con una tarjeta
de crédito.
Este logró no fue una tarea sencilla. De hecho, las autoridades
se están jugando un importante capital político con esta apuesta. En mayo,
taxistas de Ciudad de México se rebelaron con una masiva manifestación que
colapsó el tránsito en la ciudad y denunciaron que sus nuevos competidores no
tienen que pagar los altos impuestos que les cobra a ellos la Alcaldía.
Rubén Alcántara, líder de una asociación de taxistas de la
capital mexicana, se quejó de que el nuevo reglamento no obedece a las
discusiones que tuvieron con la Alcaldía. “No es posible que extranjeros vengan
y le ganen al gobierno de la ciudad y siga prevaleciendo el desorden”, reprochó
Alcántara.
Por su parte, voceros de Uber en ese país habían afirmado que
“la capital de México, una de las ciudades más complejas del mundo, tiene ahora
una regulación con visión de futuro haciéndose eco de los principios del modelo
de negocio de Uber: la lógica de la oferta y la demanda junto a la capacidad de
los ciudadanos de elegir cómo se mueven por la ciudad”, afirmó la compañía.
¿Ejemplo para Colombia?
Sin duda lo que logró México es un precedente para muchos
países que están en la dispendiosa tarea de regular una plataforma disruptiva.
El gobierno colombiano, encabezado por el Ministerio de Transporte, tiene un
plazo de seis meses para decidir sobre los alcances de Uber y si lo considera
necesario, generar nuevos decretos para mejorar el servicio que prestan los
taxistas.
En algo coinciden ambos gobiernos: han buscado la concertación
para llegar a una regulación más ecuánime. La ministra Natalia Abello lideró
varias mesas activas con diferentes representantes del sector para llegar a
puntos de consenso. El propio vicepresidente de la República, Germán Vargas
Lleras, reconoció que Uber debe ser regulado en el país y la mejor manera de
hacerlo es dialogando.
Ahora, hay algo claro: ninguna solución es perfecta. Buena
parte del gremio de los taxistas quedó inconforme con las nuevas normas. Era
algo predecible: las regulaciones en primer término legitiman las nuevas
tecnologías, de entrada ya es una derrota para las empresas ya establecidas.
A pesar de todas las presiones, las autoridades del Distrito
Federal legislaron de cara a los usuarios. Reconocieron el derecho del ciudadano
a decidir cómo y con quién quiere trasladarse en su ciudad. Estipuló que el
tamaño del servicio responde a lo que dicta el mercado y la demanda actúa como
la válvula de regulación. Esa es la mayor lección que le dejó México a Colombia.// Semana.com
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