La inacción de la pasada administración federal para crear un Registro Nacional de Desaparecidos terminó por colmar la paciencia de los familiares de las personas ausentes que por más de un año vivieron de promesas por parte de las autoridades en turno, dejando al gobierno entrante en una encrucijada ante la ausencia de respuestas.
En febrero de 2012, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, anunció la creación de una base de datos para integrar toda la información sobre los casos de personas desaparecidas en el país.
Sin embargo, este censo nunca se construyó, a pesar de que un mes después, en marzo, entró en vigor la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Un año después, ya bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, estalló una crisis derivada de la desesperación de los familiares de los desaparecidos que volcaron sus reclamos sobre la nueva administración.
A la par de la presión social, llegó la exigencia de las organizaciones internacionales de derechos humanos. El 20 de febrero pasado, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió que México atraviesa por una crisis de la “mayor gravedad y muy seria” en lo que se refiere a la desaparición de personas, tras sostener una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El organismo documentó 249 casos, de los cuales 149 podrían tratarse de desapariciones forzadas.
“Le dimos los detalles de algunos ejemplos concretos, evidencias que demuestran la participación de agentes del Estado, de servidores públicos, tanto del Ejército como de la Marina y de todas las policías, municipales, estatales y federales, en casos muy graves de desapariciones de personas.
“Todas estas causas carecen de investigaciones adecuadas y en lo que nosotros hemos podido averiguar en ninguno de ellos se ha condenado a los responsables”, aseguró Vivanco.
La cifra de HRW dio lugar, entonces, a una primera postura por parte de las autoridades federales, en voz de la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob , Lía Limón, quien aseguró que ya se estaba construyendo la base de datos con base en 27 mil casos, documentados por la pasada administración.
Lo anterior dio lugar a una serie de especulaciones sobre el número de desaparecidos, debido a la aparición de distintas bases de datos, dadas a conocer por medios internacionales y locales.
Al final, el pasado 26 de febrero, se dio a conocer la cifra definitiva de la lista entregada por la pasada administración que consta de un registro de 26 mil 121 personas no localizadas, de las cuales 20 mil 915 están relacionadas con alguna averiguación previa, acta circunstanciada o carpetas de investigación y cinco mil 206 que se encuentran pendientes de validación de datos.
La información corresponde de diciembre del 2006 a noviembre del 2012 y fue elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), que depende de la PGR.
“La base de datos que hoy se da a conocer es un punto de partida para la constitución de un registro nacional que habremos de integrar las instancias federales y locales, no sólo para identificar a quienes se encuentran ausentes; sino para elaborar y poner en marcha protocolos de búsqueda”, dijo la funcionaria de Segob.
“Esta base de datos será depurada por el gobierno de la República , en coordinación con las procuradurías locales, con el propósito de determinar aquellos casos en los que la no localización está relacionada con algún ilícito; así como aquellos en los que obedezca a otras razones, como migración, el abandono de hogar por conflictos familiares u otros motivos, desastres naturales, entre otras causas”, señaló Lía Limón.// Excelsior
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